TUMBES. LA AMISTAD SE CONSOLIDA

La ruta Spondylus reforzará lazos entre el Perú y Ecuador

*La vía construida tras la firma de la paz modernizará el tránsito binacional.

*La obra se realizó con aporte de los dos países y de la Unión Europea

El caos y el desorden que soportan todos los que cruzan el Puente Internacional Aguas Verdes-Huaquillas serán cosa del pasado a partir de mañana cuando se inaugure la ruta Spondylus, una moderna carretera binacional. Esta vía servirá para afianzar la comunicación y los negocios entre peruanos y ecuatorianos.

Las localidades de Loma Saavedra (Perú) y Loma del Zorro (Ecuador) eran hace solo once años unos emplazamientos militares donde los cañones esperaban agazapados para vomitar horror y dolor, pero ahora en esos pueblos ya no hay armas ni odio, sino una hermosa carretera construida con una donación de la Unión Europea (US$67,5 millones), más las contrapartidas de los gobiernos peruano (US$19,52 millones) y ecuatoriano (US$18,84 millones) respectivamente.

Esta nueva fase de las relaciones entre ambos países es simbolizada por el Puente Internacional de la Paz que será inaugurada por los presidentes Alan García Pérez y Rafael Correa, quienes estarán acompañados por embajadores de las naciones que ayudaron a construir esta obra.

Francisco de Bacas, el encargado de dirigir a los obreros que daban los últimos toques a la obra, refirió que el eje vial que unirá Guayaquil y Piura tiene 538 kilómetros, pero lo que inaugurarán los presidentes será un tramo de 11,5 kilómetros que comprende la variante internacional y los puentes ubicados entre las localidades de Santa Rosa (Ecuador) y Tumbes (Perú).

LOS BENEFICIOS

Desde el punto de vista económico, esta obra permitirá que el transporte de carga y pasajeros ya no circule por las caóticas localidades de Aguas Verdes y Huaquillas, lo que significará un ahorro de tiempo en el traslado de la carga y mayor seguridad para los viajeros.

La directora de la Oficina Descentralizada de Relaciones Exteriores, Hilda Palermo, destacó que la nueva ruta tendrá un centro binacional de atención en frontera que permitirá realizar los trámites de migraciones, aduanas y revisión policial de manera más rápida a los viajeros.

La construcción de esta carretera, que se inició en febrero del 2007, ha permitido generar 2.500 empleos directos. Entre los trabajadores hay unas 300 familias que viven en los pueblos de la frontera. Ellos fueron contratados para reforestar las zonas adyacentes a la vía con unos 18 mil plantones de especies nativas. La nota discordante durante la inauguración la podrían dar los pobladores de Aguas Verdes, quienes realizarán una protesta pues temen que la nueva vía les quite trabajo.

CLAVES

A. El Perú y Ecuador sostuvieron desde el nacimiento de sus repúblicas disputas territoriales que los llevaron a protagonizar varias guerras.

B. Hace once años, los dos países sellaron la paz con la firma del tratado de Itamaraty, en Brasil.

C. Con la firma de la paz nació en Fondo Binacional Perú-Ecuador que busca realizar obras de integración y desarrollo en ambos países.

Por: Jorge Chávez [Economista y ex presidente del BCR]

¨La Ambigüedad en las fronteras causa un malgasto de recursos, y perdemos todos los peruanos¨

¿Qué implicancias económicas tiene un país sin límites internos definidos?

Una situación así es una fuente de conflictos, ya que puede haber negocios en esos límites y se inicia la disputa por quién cobra los impuestos y quién se beneficia de las ganancias. Como hemos visto, esto puede definir también qué distrito, provincia o departamento se queda con el canon de un yacimiento en la zona sin delimitar. Lamentablemente, este tipo de ambigüedades hace que conflictos históricos causados por el agua, por ejemplo, entre Puno y Moquegua o Moquegua y Arequipa, no se puedan resolver.

¿Al establecer estas fronteras solucionaremos los conflictos?

No creo que la institucionalización de una frontera sea una panacea. Lo que significa es el primer paso para lo que tenemos pendiente, una macrorregionalización. El país está muy fragmentado, tenemos demasiadas fronteras en el territorio peruano. Este proceso de regionalización se hizo al revés, convirtiendo en regiones espacios geográficos que no son autosustentables. Con menos regiones habría mayores mejoras sociales y económicas.

¿Por qué si traía tantos beneficios no funcionó esa propuesta cuando se presentó?

El ensayo que hubo en el gobierno anterior fue negativo porque se realizó de arriba hacia abajo, sin una claridad total en la información. Eso culminó en un proceso electoral que estuvo en contra de modificar la Constitución.

Lo que falta entonces es voluntad políticaLos intereses de los políticos y caudillos priman mucho en esta disposición. La mayoría quiere tener poder y recibir ingresos, lo que genera una mayor fragmentación. Una capital, una provincia, no puede avanzar si se dejan de tomar decisiones porque no hay consenso entre sus centenares de representantes. Vemos el caso de pequeñas zonas rurales que son distritos y que no pueden desarrollarse, incluso con las ingentes sumas del canon que reciben.

¿Se reducirían los gastos si tuviéramos límites claros?

Sin duda habría mucha más eficiencia en el uso de los recursos. Una macrorregión tendería a privilegiar planes de alto impacto que beneficien a toda su jurisdicción, como proyectos de agua potable. Ahora, como cada decisión de gasto lo toma el alcalde provincial, se distribuye el canon de manera caótica. Hay pueblos de 20 mil personas que reciben sumas millonarias, mientras que otras colindantes no reciben nada. Desequilibrios como este producen conflictos.

Si el primer paso para este orden son las fronteras, entonces esta demarcación es urgente…

La ambigüedad en las fronteras causa un malgasto de recursos y quienes perdemos somos todos. El nivel de bienestar sería mayor con límites bien demarcados y macrorregiones. Para esto necesitamos estadistas en el Congreso, ya que la mayoría de políticos no se atreve a tocar este tema porque afectaría su popularidad.

Por: Vanessa Romo Espinoza

CAMBIOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SON NECESARIOS ANTE LOS PROBLEMAS LIMÍTROFES

CAMINO A LAS MACRO REGIONES

* Son 1.740 distritos y 146 provincias los que cuentan con límites referenciales.

* Distribución de la riqueza sería más equitativa con cartografía unificada

El distrito de Ituata, al suroeste de la provincia puneña de Carabaya, vivió décadas de cordial convivencia limítrofe con Ayapata, su par colindante. Entre ellas, se ubicaban diez kilómetros en silente disputa. Hasta que el oro apareció. Hace tres años, el Ministerio de Energía y Minas estableció la zonificación del área y se dio una decena de concesiones mineras en Lucumayo, Chacallaje y parte de Winchumayo. Los límites entre Ituata y Ayapata pasaron de ser de un tema irrelevante a motivo de conflicto entre dos pueblos.

Sin embargo, estos diez kilómetros son solo una pequeña pieza del gran rompecabezas que desde el 2002 se propuso armar la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según esta entidad y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el 95% del territorio nacional cuenta solo con límites referenciales, y el otro 5%, aunque cuenta con leyes que estipulan sus límites, no han sido verificadas en el campo. Es decir, de los 1.834 distritos y 195 provincias que hay, más de 1.740 y 146 respectivamente no han cerrado sus fronteras.

PROBLEMA BICENTENARIO

El dilema limítrofe se inicia con la creación de la República, en 1821. “Empezaron a formarse departamentos, provincias y distritos. Cuando estas se creaban por ley, no se estipulaban los límites o se usaban referencias como haciendas y molinos que ya no existen”, señala Omar Landeo, director de la unidad encargada de la PCM. El general EP Carlos Tafur, director general del IGN, añade que la cartografía de la época tampoco colaboraba con estas definiciones. “Con el boom económico que implican los recursos empezaron los problemas”, dice.

Ante una falta de límites claros, los entes públicos usan como base oficial los mapas del IGN y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para sus proyectos. Sin embargo, el mapa que utiliza el IGN muestra incongruencias con el del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Hemos empezado una unificación cartográfica para solucionar este problema”, señala Landeo.

Mientras tanto, el proceso de saneamiento de límites en todo el país continúa. Tras siete años de trabajo, solo son 53 provincias en las que ya se ha realizado un diagnóstico y 16 de ellas ya tienen listo un expediente para presentarse en el Congreso, además de 33 de ellas en proceso (explicado en la infografía). Según la misma PCM, aún faltan 146 provincias por delimitar y según la Ley de Demarcación Territorial 27795, emitida en el 2002, el plazo para finalizar este trabajo sería en diciembre del 2011. “Creemos que tendremos todos los departamentos saneados en el 2020, pero tenemos una capacidad logística limitada”, indica Landeo. En su unidad solo trabajan 10 técnicos que deben cubrir un plan anual de 30 provincias.

SALIDAS EN DISCUSIÓN

¿Pero qué tan importante puede ser la demarcación oficial si hemos vivido 200 años sin ella? “No tener un territorio demarcado es no contar con desarrollo”, dice el ingeniero Alfonso Valverde, director de la Escuela de Ingeniería Geográfica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. “Las inversiones en zonas en conflicto, donde generalmente hay recursos importantes, no se darían con seguridad ante el peligro de un conflicto. Incluso las municipalidades no pueden planear bien su distribución con este problema”, agrega. Valverde opina que los gobiernos regionales son los responsables de este retraso.

Para Landeo, esto va más allá de un tema de límites. “El país está irracionalmente dividido”, afirma. “El fin de esta demarcación es poder crear macrorregiones que nos ayuden a reorganizar el Estado. Esto solucionaría también estos conflictos, porque habría una equidad en la repartición de recursos. Por eso estamos alentando la fusión de distritos, donde recibirían hasta cuatro veces los ingresos del Foncomún”, resalta.

El camino es largo. La falta de consenso entre las partes que buscan delimitar sus distritos es indispensable para agilizar el proceso de saneamiento. “Hemos propuesto al Congreso que se cree la figura del arbitraje territorial interno. Las partes podrían elegir un arbitro en común o se podría poner el caso en un tribunal arbitral, como el centro de conciliación de la Universidad Católica o del Colegio de Ingenieros”, manifiesta.

"Necesitamos un país al detalle"
El director del Instituto Geográfico Nacional, general EP Carlos Tafur, informó que se ha iniciado la elaboración de una cartografía nacional de escala 1:25.000, es decir, un mapa del país cuatro veces más detallado.

“La carta a escala 1:100.000 tomó 40 años en hacerla. Ahora buscamos actualizarla porque necesitamos un país al detalle para poder tener un mejor planeamiento, lo cual servirá también al inversionista”, dijo.

El primer mapa con la nueva escala será el de Ica, con el que se comenzó a raíz del terremoto que sufrió en el 2007. “El trabajo siguiente será en Pasco, debido al traslado de su capital. Es indispensable conocer mínimamente dónde estará ubicado, y para eso sirve este mapa”, señaló.
El plazo para finalizar el proyecto nacional es de 5 años. “Lo podremos hacer si contamos con los recursos. Necesitamos S/.120 millones para esto”, explicó.

Las cifras
* 14 conflictos por demarcación territorial registró la Defensoría del Pueblo en setiembre. Cuatro de ellos son entre departamentos.

* 2 distritos, Jesús María y La Punta, son los únicos en Lima y Callao con límites fijados por ley.

PERU AMAZÓNICO NO QUIERE DESARROLLO ECONÓMICO. QUIERE DESARROLLO SUSTENTABLE

En tiempos donde el establecimiento del derecho de las minorías y la búsqueda de la gestión sustentable, nuestro país enfrenta circunstancias cuyos resultados bien pueden servir como "caso para análisis" en aulas universitarias de las facultades de ciencias sociales de todo el mundo.

400, 000 nativos peruanos pertenecientes a 65 etnias, iniciaron una escalada de protesta desde el 9 de abril del presente año, basando su queja en la percepción de "lesivos" para sus intereses a nueve decretos dictados en 2008 por el presidente Alan García. El dictado de tales decretos se realizó en el uso de facultades especiales otorgadas por el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Si bien el Estado otorga licencias de exploración y explotación en la amazonía peruana, en busca de mayores recaudaciones para beneficio de la población local, regional y nacional, sus buenas intenciones se ven obstaculizadas por el temor de las comunidades indigenas a perder sus derechos ancestrales sobre el suelo así como el acceso libre y continuo a los recursos naturales.

Las mesas de negociación no prosperan porqué de un lado, el Gobierno no cede a las pretenciones de los nativos argumentando que éstas normas conducen a organizar el manejo de los recursos naturales y preservar el área de los indigenas y del otro lado, los indigenas no escuchan argumentos, ellos sólo desean la derogatoria de las normas conflictivas a fin de evitar, según sus líderes, la privatizacion de los bosques y del agua. El proceso a devenido en lo esperado para situaciones límite: alguien tiene que perder. Por lo pronto, muchas vidas se han perdido a causa de la violencia desatada, nueve policias (secuestrados) en la toma de la Estación N°6 de Petro-Perú en Bagua, 13 policias en los disturbios de Bagua y oficialmente 9 civiles (se entiende indigenas) aunque los líderes nativos manifiestan que son 30 nativos fallecidos.

Lastimosamente, para algunas personas el Gobierno se ha precipitado en una intervención punitiva y nuevamente como alguna vez pasó, su imagen toma formas violentistas. Sin embargo, hay versiones que no hubo enfrentamiento directo sino como consecuencia de la masacre a policias que buscaron un diálogo con los nativos a fin que abandonen las carreteras tomadas (?).

Desde mi perspectiva, la explotacion de nuestros recursos en zonas sensibles puede hacerse bajo parámetros ecológicos estrictos cuya fiscalización a cargo de la autoridad competente debe complementarse con las entidades académico-científicas y por supuesto la sociedad civil. Los procesos de concesión a su vez, deben plantear vallas de eco ingeniería para las empresas postoras, con lo cual minimiza el riesgo de una alteración importante, sea en lo natural como en lo social. La contrucción de un territorio se realiza sobre la base de su vocacion productiva y de los deseos e intereses razonables de su población.

Por supuesto, el enfoque preventivo toma su tiempo, requiere fortalecer capacidades y sensibilizar a las diversas poblaciones, es el camino más largo, más los resultados de nuestra realidad nos gritan que el camino mas corto no avanza. Hoy se requiere algún tipo de solución equitativa para salir del entrampamiento entre las comunidades indigneas y el Gobierno. Tal vez, y debido al desgaste de la negociación, un paso obligado sea el cambio en sus actores o a la inclusión de un tercero que haga las veces de mediador.

El 18 de Junio, el Congreso aprobó la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064, no sin un largo debate que concluyo en la determinación de la inconstitucionalidad de los mismos, por razones de Estado y por omisión de la consulta a las comunidades nativas.

Conflictos sociales han aumentado un 150% en los últimos doce meses

En marzo del 2008 eran 93 los problemas y ahora ya suman 238. Casi la mitad de las disputas son socioambientales y 85 están activas

Por Martín Huancas

El número de conflictos sociales en el Perú suma 238 (en marzo del 2008 eran 93), pero solo la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una unidad de manejo de conflictos. Si usted entra a la página web de ese organismo, verá que sus reportes dan cuenta del trabajo realizado solo hasta octubre del año pasado. Eso no quiere decir que los últimos meses no han trabajado, sino, por el contrario, que el poco personal con el que cuentan ha sido superado por el creciente aumento de los conflictos.

Para Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Estado debe invertir en potenciar y capacitar a más funcionarios en el manejo y resolución de los conflictos sociales. Esta inversión es a todas luces rentable si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasionan estos para el Estado y el sector privado.

Lamentablemente, señala el especialista, en el Perú la capacitación en este tipo de materia aún es incipiente y solo algunas universidades dictan cursos o talleres al respecto. “Por ello la defensoría, cumpliendo sus funciones, iniciará pronto la capacitación en este tema de funcionarios de los gobiernos regionales y locales de Piura, Cajamarca, Junín, Arequipa y Cusco”, detalla Rolando Luque. Justamente en esas regiones es donde hay pendientes muchos conflictos que requieren urgente atención.

LA DESCONFIANZA
En cuanto al exponencial aumento de los conflictos socioambientales, Luque piensa que la razón de ello, especialmente en el rubro de la minería, es la gran desconfianza que sienten las comunidades ante las empresas y el Estado. “Se pensaba que con la creación del Ministerio del Ambiente, esa situación se revertiría, pero hasta el momento esa cartera no ha podido llenar las expectativas”, señala Luque.

La desconfianza que suelen sentir los pobladores nace del temor a la contaminación y, principalmente, del incumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente entre los pueblos y las empresas o el Estado.

La percepción de Luque y otros especialistas consultados es que el Gobierno pone todo sus esfuerzos en solucionar los problemas más urgentes de tal manera que no se ponga en riesgo la gobernabilidad. Sin embargo, los problemas de fondo no son asumidos y se mantienen en el tiempo.

EL PROBLEMA NATIVO
Con relación a la protesta de los nativos, el más reciente conflicto social que afronta el Estado, Luque recomienda a los especialistas del Estado que una vez que se den las condiciones para conversar separen los temas sociales de los legales a fin de facilitar el diálogo.

“La discusión acerca de las leyes que por ejemplo aprueban los tratados de libre comercio y los temas de concesiones para exploración y explotación en terrenos nativos debe ser separada de los reclamos sociales a fin de facilitar la resolución de los problemas más urgentes”, sugiere Luque quien tiene experiencia en este tipo de diálogos.

SEPA MÁS
Los conflictos socioambientales

– Cusco, Áncash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en marzo del 2009.

- El 62% de los casos se concentra en ocho regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Loreto, Pasco y Lima.

- De los 116 conflictos socioambientales, 33 se encuentran en la fase de diálogo, es decir un número mayor al que había en febrero.

- Entre los conflictos socioambientales, los más numerosos (82) tienen que ver con la actividad minera.

El Perú opta por solución pacífica a la luz del derecho internacional

El canciller refiere que la memoria solo se conocerá cuando se pase a fase oral. En la elaboración de la sustentación participó un equipo de 40 especialistas

Por: Cecilia Rosales Ferreyros

Durante un año, 40 personas han participado en la elaboración de la memoria que el Perú presentará hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya (Holanda).

El nivel de precisión en la preparación de este documento no solo ha supuesto una titánica labor de fondo, es decir, lograr que todos los argumentos jurídicos que sustentan la posición peruana se expongan y sustenten claramente, sino que también ha necesitado un gran esfuerzo en lo que respecta a la forma.

Algunas de las personas que participaron en la elaboración de la memoria comentaron a El Comercio que ha sido un arduo trabajo poder cumplir con las precisas disposiciones de la corte en lo que respecta a cómo debía ser presentado el documento.

"Ha sido peor que una tesis", comentó uno de los participantes que, con un documento anillado de más de treinta hojas en mano, nos mostraba la lista de todos los requerimientos de la corte solo en lo que a la presentación del documento se refiere. Estas disposiciones pasaban desde cómo debían ser presentadas las páginas iniciales de cada capítulo hasta cuándo usar el punto, la coma o las negritas.

"Llegó un momento que hasta decíamos al momento de revisar la memoria: ¡Aquí hay un error. Ese punto está en itálica (tipo de letra)!", comentó la fuente.

Así de exhaustivos han sido también al momento de recolectar y procesar los documentos que sustentan la demanda de delimitación marítima, los cuales son confidenciales, hasta que se inicie la fase oral del proceso. El objetivo es probar que no hay tratado de límites marítimo entre el Perú y Chile.

Si bien los idiomas oficiales de la corte son el inglés y el francés, el Perú ha optado por presentar el documento en inglés británico. La impresión se realizó en Holanda en una imprenta que conoce los procedimientos de la corte.

Las reuniones del equipo de trabajo se realizaron en Lima y en París. El equipo cumplió su trabajo y es gracias a este esfuerzo que hoy el Perú presentará, un día antes de que se venza el plazo, los cuatro volúmenes que integran la memoria, en la que se sustenta por qué no existe un tratado de límites marítimos entre el Perú y Chile.

UNOS 100 EJEMPLARES
Ayer el canciller José Antonio García Belaunde hizo un alto en el Consejo de Ministros y leyó una declaración, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, para anunciar que hoy finalmente el Perú entregará a la corte la memoria.

El encargado de hacerlo será el agente peruano ante La Haya, Allan Wagner, acompañado por el coagente peruano embajador Jorge Chávez Soto, la diplomática Marisol Agüero y posiblemente uno de los abogados extranjeros contratados por el Perú.

Wagner llevará dos ejemplares de la memoria y luego se enviarán en cajas por lo menos 100 ejemplares más, que es el número requerido por la corte.

"Es importante resaltar una vez más la vocación de paz del Perú al recurrir a la máxima instancia judicial supranacional para la solución de este diferendo, lo cual confirma el firme compromiso de nuestro país con el principio internacional de solución de las controversias por medios pacíficos", señaló el canciller.

La memoria peruana se mantendrá en reserva y se conocerá solo cuando se pase a la fase oral. Sobre el tiempo que durará este proceso, García Belaunde estimó que podría concluir a finales del 2011 o inicios del 2012.

LA FRASE
"La memoria contiene una detallada exposición de los elementos de hecho y de derecho que fundamentan la demanda presentada el 16 de enero del 2008"
JOSÉ A. GARCÍA BELAUNDE. CANCILLER DE LA REPÚBLICA

Inversiones: Última docena

EL 18 DE DICIEMBRE EL GOBIERNO DECLARÓ PRIORITARIO Y DE INTERÉS NACIONAL UN PAQUETE DE 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA. NO TENDRÁN UN IMPACTO INMEDIATO, PERO SON LOS MÁS IMPORTANTES EN EL LARGO PLAZO. ¿CUÁNDO SE DEJARÁN SENTIR EN LA ECONOMÍA?

Por Elizabeth Cavero

Las reformas no se hacen en época de bonanza, sino en época de crisis. El precepto parece haber sido bien asimilado en el Gobierno, que hace un mes emitió un decreto de urgencia (DU 047-2008) para priorizar 12 proyectos de inversión en infraestructura. El conjunto está compuesto por seis puertos, dos carreteras, dos irrigaciones, la planta de tratamiento de agua residual La Taboada y el paquete de los aeropuertos regionales del sur.

Se trata de los 12 proyectos más atractivos, que en varios casos podrían entregarse a los concesionarios como proyectos autosostenibles. Pero sobre todo, se trata de los proyectos cuyo proceso en el Estado se encuentra más avanzado. Solo uno de ellos, el proyecto especial Chavimochic, no ha sido entregado a Pro Inversión, pero se espera que el Gobierno Regional de La Libertad lo haga antes de que termine enero.

Ahora bien, ¿cuál será el impacto económico de estas grandes obras y cuándo su efecto podrá sentirse en la economía peruana? Ciertamente no será en este año y ello pone en cuestión el argumento principal del decreto de urgencia, que señala que acelerar estos doce proyectos es importante, dado el contexto de crisis internacional y desaceleración (o recesión) de la economía mundial.

INFRAESTRUCTURA EN RETROCESO

EL PERÚ HA PERDIDO COMPETITIVIDAD PORQUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NO HA SIDO ACOMPAÑADO POR UN DEBIDO DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA, AL PUNTO DE QUE, PESE A LAS INVERSIONES, EL DÉFICIT SE HA INCREMENTADO DESDE EL 2005

Hace un par de semanas el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó su "Índice Global de Competitividad 2008-2009", en el que nuestro país escaló tres puestos. Hasta ahí la noticia era halagüeña, pues contrariamente a lo que pasó el 2007 (cuando bajamos ocho puestos), el Perú recuperó algo del terreno perdido, lo que además le valió colocarse en el quinto lugar de competitividad en Sudamérica, delante de Argentina, pero detrás de Chile, Brasil, Colombia y Uruguay.

Sin embargo, las cifras del WEF revelan que la mejora en el ránking obedece básicamente a la estabilidad macroeconómica, pero que la competitividad del país es arrastrada por grandes deficiencias en institucionalidad, innovación e infraestructura, a los últimos puestos de las 134 economías analizadas.

A su vez el factor más rezagado de la denominada triple I es infraestructura: retrocedimos 9 puestos en el último índice. Situación similar ocurrió en el ránking del 2007, es decir que en los últimos dos años perdimos 18 puestos. Es pertinente aclarar en este punto que la muestra se amplió de 122 países en el 2006, a 134 el 2008.

¿Pero cómo se explican los resultados del WEF, si en los últimos años se han impulsado importantes proyectos de infraestructura? Javier Dávila, jefe de Estudios Económicos de la SNI explica que "con el alto nivel de crecimiento que ha experimentado el país, el déficit de infraestructura lejos de ceder se acentuó".

Para Emilio Fantozzi, gerente general de Ransa, la brecha se palpa día a día en las carreteras colapsadas y en los puertos congestionados, lo que deriva en sobrecostos que restan competitividad a la producción nacional.

LABOR PENDIENTE

José Luis Silva, presidente de ÁDEX, agrega que mientras los empresarios hicieron su parte en el desarrollo del mercado interno y las exportaciones, el Estado no los acompañó con obras de infraestructura que hagan sostenible el desarrollo del país. Por su parte, Dávila comenta que el cuello de botella se pudo evitar si se hubiera planificado el acompañamiento del desarrollo económico con proyectos de infraestructura.

Ante las críticas, Gabriel Amaro, jefe de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responde que su sector "ha trabajado lo más rápido que podía, pero los proyectos tienen que respetar los procedimientos legales". De la misma opinión es Agnes Franco, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, y agrega que el Estado sí ha avanzado con algunos proyectos "pero estos no se hacen de la noche a la mañana".

Pero Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, critica la actitud reactiva del sector público, ya que considera que "se debió prever y planificar las obras (con antelación) para cerrar la brecha de infraestructura, que actualmente bordea los US$30.000 millones".

VOCES ENCONTRADAS

Si no hay acuerdo sobre si el Estado previó o no el desarrollo de la infraestructura, la contradicción es mayor si se pregunta si el país tiene un plan de prioridades. La respuesta es obvia entre los funcionarios públicos: Franco comenta que el MTC tiene "un norte a seguir, pero las necesidades son tantas que el presupuesto no alcanza". Amaro agrega que ese plan responde a las necesidades económicas y geográficas del país.

Pero la percepción del sector privado es opuesta. El titular de ÁDEX asegura que si el plan efectivamente existe, sería importante que se hiciera público y que el sector privado tenga la posibilidad de introducir modificaciones "porque son los usuarios los que sabemos qué se necesita, no los funcionarios que están sentados en sus oficinas".

Fantozzi agrega que como el Estado tiene tantas prioridades que atender, como salud y educación, debió promover la inversión privada para atender las necesidades de infraestructura. Prialé a su vez concluye que la falta de recursos no es excusa, pues para eso hay herramientas como las concesiones privadas o las asociaciones público-privadas.

HABLAN LOS EXPERTOS

Para ganar competitividad

* Javier Dávila opina que la forma de ganar competitividad es invertir en infraestructura de manera eficiente y rápida. Agnes Franco considera a su vez que debe asegurarse la continuidad de las inversiones y reforzar la labor del MTC y Pro Inversión, encargados de promover los proyectos e inversiones.

* José Luis Silva insiste en que la comunicación es importante para coordinar el trabajo del sector público y privado. Para lograrlo, agrega Gonzalo Prialé, el Estado debe emitir una ley de asociaciones público-privadas que realmente promuevan la inversión.

Fuente: El Comercio, Lima, 27 Octubre 2008